jueves, 24 de diciembre de 2009

Cuestion de Rostro/ Video Asteriscos

Narración 20 de Noviembre de 2009

20 años de la Convención - ¿20 años no es nada?


ACTO PÚBLICO EN PLAZA DE LA INTENDENCIA

Durante cientos de años, muuuuuuccchooos cientos, la gente grande, o sea los grandes, los grandulones, los grandotes, los adultos nos encargamos de repartir la torta, de traerla para acá, o llevarla para allá….

Y entonces decimos quién tiene derechos, quién no, cuáles derechos y cuales no ... no vaya a ser a que a cualquiera por ahí se le antoje inventar alguno!!, dónde tenemos derechos y dónde no, para qué tenemos derechos y para qué no....

Y la torta la armábamos y desarmábamos … los grandes solos, solitos…

Una torta para comer entre todos los chicos y las chicas del mundo, para que todos los chicos y chicas tuvieran la panza llena para ir a la escuela, una escuela para todos,/ un nombre (o dos, o tres, o los que quieran) para todos y toditas, /una vivienda digna y bonita/ en un ambiente sano y bonito,/ para compartir con nuestra familia, /un mundo sin violencia /(ni en la casa, ni con la hermana, ni en la escuela, ni con el almacenero, ni en el comedor, ni en la canchita – bueno, a veces en la canchita, sí), y sí, un mundo donde haya lugar para jugar/ y para estar con los amigos organizando las cosas que nos gustan hacer,/ un mundo sin violencia con la policía,/ un mundo donde los jueces arreglaran cosas de jueces y los chicos cosas de chicos…

Y en 1989, nos quedó una torta re linda, armadita de derechos y obligaciones para todo mundo… y el que guste mandar

Pero, perin, perita, perota… muchas escuelas quisieron decidir quiénes podían ir y quiénes no… y ojito con portarse mal!! Che! Se llevan un pedazo de la torta de los chicos!!!! Arenga

Los dispensarios, los hospitales, ay! que cosa fea! Llenos de agujas, gente seria y respingada, que habla difícil, que no entiendo, que habla de mi corazón como si solamente fuera un músculo, ni ahí!!! Que me dicen que soy muyyyyy chico para entender “algunas cosas”… que se lo queden ellos, yo ahí no voy, NI A PALOS!! Eh!!! (agregar algo de la escuela cortito acá) Se llevan otro pedazo de la torta!!! Arenga

Y la policía??? Ojo con salir del barrio, ojo con ir a la esquina, ojo con la gorrita, ojo con el faso, ojo que pareces choro… ¿y los documentos? ¿y mis derechos? Y allá se va nuestra porción de torta!!

Y ni hablar de los jueces de menores, eh allá!!!! No quieren compartir ni un pedazo, se la están llevando... junto a los sueños, las ganas, la vida de miles de niños y jóvenes... DEVUELVAN!!!

Qué?? Además nos quieren poner en el instituto de menores??? Se llevan nuestros derechos a vivir en familia! a compartir con amigos! A estar en mi casa! Se llevan la torta!!!! ehhhhh, párenlos!!

Uf, esta torta está cada vez más chica, no nos están dejando ni las migas!!

Epa y allá vienen nuestros señores legisladores, con la boca llena de palabras, con la panza llena de comida, con los bolsillos llenos de dinero, eh, no se lleven la torta también! Nos están dejando sin nada!!

Y encima ahí viene la tele y la radio, ahh y el diario! DIARIOOOOO!! Ahora van a decir que somos todos choros, todos malos, que hay que reprimir, ojo doña rosa, se le acerca un negrito, crúcese de vereda y llame a la policía, no vaya a ser… por las dudas, vio… Y se llevan otra porción!!!!!

¿Y la Iglesia? Y… haciendo como que no pasa nada, silbando bajito… y de paso, tortón al bolsillo… nunca pasa nada para la Iglesia, y menos con nosotros, los jóvenes… Y eso que la iglesia es de todos! (o eso dicen ellos…)

Che!! Y los que deciden? Los que manejan la mosca? Ah!! Seguro que encima andan buscando otro pedazo de torta… ¿y a cambio? Y… capaz que un par de programitas sociales para ayudar a los pobrecitos, que, encima, no pueden hacer nada!!!

Y sí, obvio, la justicia por las dudas le echa la culpa a los chicos, la tele también, las doñas rosas ni hablar, el gobierno no dice nada, y bueno!

Ahí van los narcos, también se nos están llevando nuestros derechos, nuestros proyectos, nuestros amigos, nuestra torta!!! Ehhh, vuelvan!!

¿Y los grandes? ¿y los vecinos del barrio? ¿Y nuestros padres? Qué onda? Y la verdad es que no creen que seamos muy capaces de nada, así que por las dudas, se llevan hasta las miguitas!!

¿Y ahora? ¿Qué hacemos?? Nos quedamos sin torta de cumpleaños? ¿20 años no es nada? Sí!! Es un montón!! Y somos un montón (y encima cada vez más!!) y nos encanta la torta, si es de chocolate mejor!!!

Y los derechos son nuestros! Fueron conseguidos con nuestra lucha, con años de coraje, con generaciones de rebeldía y participación, con compañeros que dieron la vida por este proyecto... y los niños, los adolescentes, los jóvenes estamos cumpliendo años, estamos cumpliendo derechos, estamos movimientando hacia una mejor e inclusiva educación...

Hacia una salud que sea para todos y todas, con todos y todas...

Hacia una vivienda para cada familia…

Hacia una vida en familia y en nuestras comunidades donde nacimos…

Hacia el juego y la recreación…

Hacia la identidad y que me acepten como soy…

A la no discriminación y la libre circulación por la ciudad, venga de donde venga, me vista como me vista…

A un medio ambiente sano para crecer sano…

A vivir sin violencia…

A ser escuchado y participar…

Hacia una linda torta de cumpleaños, hacia un mundo mejor…

¡FELIZ CUMPLEAÑOS CONVENCIÓN… FELIZ CUMPLEAÑOS DERECHOS… FELIZ CUMPLEAÑOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES!!!!

martes, 22 de diciembre de 2009

Comentario sobre la Acordada del TSJ de Córdoba, FUNDACION SUR

Actualización en materia de derechos del niño en la provincia de Córdoba

Alcances y consecuencias jurídicas de la aplicación del Acuerdo Reglamentario Nº 987/09 dictado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba

Cecilia Real de Azua
María Victoria Lucero


SUMARIO: I.- A modo de introducción. II.- Análisis crítico del Acuerdo Reglamentario. Contenido: alcances y límites de la plena aplicación de la protección integral de derechos. II. a.- La competencia prevencional del fuero de menores. II. b- El interés superior del niño. II. c.- Garantías mínimas de procedimiento. III.- Conclusión


I.- A modo de introducción
Un nuevo intento de adecuación de la situación normativa provincial a los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley nacional 26061, se produce a través de la firma del Acuerdo Reglamentario 987/09, materia del presente análisis, dictado por el Tribunal Superior de Justicia cordobés.
Cabe señalar al respecto que dicha adecuación se produce en función del artículo 3 de la Ley provincial Nº 9396, de Adhesión a la ley nacional, publicada el 15 de Agosto de 2007, el cual facultaba al Tribunal Superior para que en el plazo de un año, prorrogable por única vez por un período igual, arbitrara las medidas conducentes a armonizar de manera gradual y progresiva las acciones que garantizaran la adecuación a las disposiciones de la legislación nacional de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, en materia de procedimiento prevencional , pero sin derogar el mismo.
A raíz de dicho mandato legal, con fecha 12 de agosto de 2008 el citado Tribunal suscribió el Acuerdo 340, por medio del cual se describe la actividad y los objetivos pautados hasta esa fecha en relación a la obtención de “información fidedigna y certera sobre todos los casos atendidos por el sistema judicial de protección de niñas y niños, para facilitar ulteriores lineamientos de política judicial institucional y elaborar instrumentos confiables para el seguimiento de las actuaciones en función de la casuística actual que se encuentra tramitando en los Juzgados de Menores de Prevención”. Seguidamente resuelve, por considerarlo “indispensable”, “la prórroga por el máximo legal permitido a fin de culminar con los objetivos trazados”.
Es así que con fecha 4 de Agosto de 2009 el Tribunal Superior de Justicia firmó el Acuerdo Reglamentario Nº 987, por medio del cual se fijó “la competencia material de los Juzgados de Menores en lo prevencional, en el marco de la armonización procedimental de las leyes provinciales nº 9053 y 9396 con la ley nacional 26061, a partir del 16 de agosto de 2009” (art. 1).
En los considerandos de la Acordada, se hizo alusión al contexto legislativo en el cual se dictaba el acuerdo, y a las acciones emprendidas por el Tribunal hasta la fecha, entre las que se nombran las realizadas en el marco de diferentes convenios suscriptos, y específicamente, se hizo referencia a la creación del “Sistema de Administración de Causas”.
En base a los datos proporcionados por dicho Sistema, se realizó un informe con un relevamiento cuantitativo y cualitativo que permite conocer el escenario judicial en la Provincia de Córdoba.
Dicho informe da cuenta del tipo intervenciones judiciales iniciadas por el fuero de menores. En tal sentido, se evidencia una clara alusión a causas de carácter tutelar, tales como violencia (58%) -sin ninguna referencia a las cuestiones subyacentes de pobreza que pueden ser objeto de derivación a la autoridad administrativa local para la adopción de medidas-; situaciones de desprotección (15%). La totalidad de las causas se completa con un 14% en relación a “Niños o adolescentes con problemáticas de salud o de prestaciones sociales-asistenciales”, mientras que el último 13% se refiere a “Niños o adolescentes fugados del hogar de sus padres o del mayor responsable”.
En todas las causas se utilizan categorías vagas y ambiguas que permiten una amplia discrecionalidad del juzgador al momento de decidir. Si bien existe un margen de discrecionalidad para la decisión, esta nunca puede redundar en arbitrariedad y su aplicación amplia debe encontrarse restringida por los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En cuanto a la cantidad de medidas de protección judicial en los casos de “violencia” y “desprotección”, “se contabilizaron 1990 totales de las cuales el 70% se refieren a casos de violencia y el 30% restante a casos de desprotección”. Y en relación a estas medidas, las que no incluyen la institucionalización totalizan 1204 –de las cuales 283 son “guardas con fines de protección”-, mientras que las que incluyen la “institucionalización provisoria” totalizan 772, y se disponen “cuando parece ser la más adecuada y no es posible adoptar alguna medida alternativa”.
Esta breve descripción realizada más arriba, da cuenta del informe utilizado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para adoptar la decisión contenida en el Acuerdo Reglamentario objeto de comentario, con los alcances y consecuencias que se exponen a continuación.

II.- Análisis crítico del Acuerdo Reglamentario. Contenido: alcances y límites a la plena aplicación del modelo de la protección integral de derechos en la provincia.

El instrumento jurídico en análisis se ocupa de delimitar la competencia entre el poder administrativo y el poder judicial en función del tipo de causa de que se trate y teniendo como principio rector el “interés superior del niño”, variable central en razón de la cual se decide, conforme lo declara la Acordada, por la intervención de una institución o de otra, con las consecuencias jurídicas que ello acarrea. Al respecto, cabe señalar -además- la afectación directa a la seguridad jurídica, desde que resulta una variable decisoria sujeta a la discrecionalidad del operador de turno.
La alusión expresa a la aplicación de tal principio, hace remisión al artículo 20 de la ley provincial 9053 , la misma constituye un resabio de la cultura tutelar desde la cual se lo entiende como un principio benefactor y no garantista de derechos, tal como lo definiera CILLERO BRUÑOL .
Concretamente, la ley en cuestión estipula en dicho artículo que es la actuación extra-jurisdiccional del Ministerio Público Tutelar, dependiente del Poder Judicial provincial, quien definirá si es necesaria la intervención jurisdiccional, restándole de esta manera espacio a la intervención de la autoridad de aplicación de derechos local.
Aún más, el acuerdo reglamentario estipula que, para la adopción de las medidas excepcionales, se requiere de una orden judicial, en discordancia con lo estipulado por la ley nacional en su aspecto procedimental, en el que se establece que la separación del niño de su familia debe ser excepcional, por el más breve plazo posible, subsidiaria y de último recurso. No sucede tal cosa.

III. a.- La competencia del fuero prevencional: violencia, desprotección, medidas excepcionales.

El Tribunal Superior de la provincia afirma en la Acordada que ciertas situaciones que según el art. 9 de la Ley 9053 eran competencia de los jueces de menores en lo Prevencional, deben pasarse a la órbita de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, “a la luz de la adhesión a la Ley 26.061”.
Ahora bien, a la luz de esta norma, el fuero de menores en lo prevencional no debiera conservar ninguna de las competencias que aún se atribuye, y de profundizarse más aún en la cuestión, a la luz de la Ley 26061, se torna injustificada e incompatible la existencia del fuero.
Al respecto, se ha hecho referencia a la “exacerbación del carácter arbitrario de la acción de estos tribunales. La ausencia absoluta de respeto a los derechos y garantías (comenzando por las constitucionales), que constituyen muchas veces la deformación y los excesos en los procesos de los cuales son objeto los adultos pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad, aparecen normativamente consagrados en el llamado derecho de menores. Resulta paradójico observar, que la falta de límites, garantías y formalidades, hace práctica y técnicamente imposible que el derecho de “menores” sea violado por aquellos encargados de su aplicación” .
Precisamente, y entre otras cosas, por lo arbitrario, discrecional, focalizado y ausente de garantías del accionar de este fuero, es que la compatibilización del mismo con el paradigma de la protección integral de derechos se torna insostenible.
En esta línea de análisis, en caso de sostener la existencia del fuero de menores, su competencia debiera reducirse ampliamente, en base a uno de los pilares del sistema de protección integral: la desjudicialización de las cuestiones sociales.
Sin embargo, el Tribunal Superior resuelve restringir mínimamente la competencia de dicho fuero, por entender que los supuestos atribuidos “hacen inevitable la intervención judicial inicial, en consonancia con otras reglas de igual o superior rango normativo que la Ley nacional 26.061…”, mencionando entre ellas al Código Civil.
Es así que quedan bajo la competencia del fuero todas las situaciones de violencia –aún las causas de violencia por omisión, con las salvedades que pueden formularse acerca de dicha categoría-, y las situaciones de “desprotección”, respecto de las cuales se aclara que la intervención del juzgado prevencional será sin perjuicio de la que corresponda a la “Secretaría de Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia para las medidas de resguardo solicitadas por los Tribunales intervinientes”. De este modo, el organismo administrativo de protección de derechos que, según el Sistema de Protección Integral establecido por la ley nacional, debiera intervenir en caso de que los derechos de niños, niñas y adolescentes se vieran menoscabados o vulnerados, se torna en auxiliar de un poder judicial que continúa arrogándose sus funciones históricas. La situación resulta más crítica al observar que son los juzgados de menores y no los de familia (conforme ley 26061 y ley de adhesión provincial 9396), quienes se arrogan competencia en supuestos de violencia y medidas de protección.

Por su parte, la competencia de la citada Secretaría –a la que nos referiremos a continuación-, queda colocada claramente –a pesar del decreto del Poder Ejecutivo Nº 1153/09- en un segundo plano. Ello así al determinar el Tribunal Superior que: “La actuación administrativa (…) no impide que los afectados puedan acudir a la protección judicial si se entiende insatisfecho el interés superior del niño (art. 20 Ley 9053)”. Más allá del parámetro que determinaría la posible actuación del Poder Judicial –al cual nos referiremos más adelante-, lo cierto es que el mismo sistema de división de poderes establece cuáles son las funciones de cada uno de ellos, no siendo necesario que cada norma indique cuándo se tiene oportunidad de acceder a la justicia, lo cual, en el contexto de la acordada en análisis, sólo parece pretender remarcar la superioridad que el Poder Judicial se atribuye dentro del sistema.
En relación a la competencia de la Secretaría, se establece que los jueces de menores dejarán de intervenir, entre otras, en las situaciones en las que "con su propio obrar" los niños o adolescentes comprometieren gravemente su salud. Tampoco intervendrán en las actuaciones sumarias para garantizar las prestaciones sociales y asistenciales de los niños, niñas y adolescentes; ni en las ausencias del hogar de los adolescentes que hayan cumplido los 14 años; ni tampoco cuando los niños/as hubieran sido dejados por los padres. En todos esos casos, será la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia el organismo encargado de promover el acceso equitativo e igualitario a condiciones que mejoren, reparen y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes.
De los párrafos expuestos, podemos deducir que “(l)a repetición del minorismo, se ve reflejada en los siguientes rasgos centrales: la centralización del poder de decisión en la figura del juez de menores con competencia (…) discrecional; la judicialización de los problemas vinculados a la infancia en situación de riesgo, con la clara tendencia a patologizar situaciones de origen estructural; la criminalización de la pobreza, disponiendo internaciones que constituyen verdaderas privaciones de libertad, por motivos vinculados a la mera falta o carencia de recursos materiales; la consideración de la infancia, en la mejor de las hipótesis, como objeto de la protección; (…) la construcción sistemática de una semántica eufemística que condiciona el funcionamiento del sistema a la no verificación empírica de sus consecuencias reales ”.

Siguiendo este razonamiento, en lo que respecta al dictado de medidas excepcionales, cabe resaltar que las mismas, según los términos de la Acordada, son “dispuestas por los jueces”, a quienes también compete “controlar el cumplimiento, requerir la adecuación cuando las circunstancias comprometan el interés superior del niño, y resolver las cuestiones que surjan de los intereses en juego”. Asimismo, se afirma que “La actuación inicial de la autoridad administrativa en las situaciones precedentes no impide que la misma pueda solicitar al juez de Menores su intervención porque requiera medidas excepcionales (art. 39, ley 26061)…”
De lo antedicho surge, por lo menos, una confusión terminológica que afecta directamente la competencia de ambos poderes. Acorde con los arts. 39 y 40 de la Ley 26061, las medidas excepcionales no son dispuestas por la autoridad judicial, sino que son adoptadas por la autoridad administrativa local de protección de derechos, la cual notifica de la misma “a la autoridad judicial competente en materia de familia de cada jurisdicción”, para el control de la legalidad.
Ahora bien, contrariando dicha norma, en este caso la autoridad judicial no sólo no sería la competente en materia de familia – sino en materia prevencional de “menores”, con las salvedades ya expuestas al respecto -, sino que, al parecer, dispondría las medidas, lo cual desconocería, una vez más, la competencia que corresponde a la autoridad administrativa dentro del sistema de protección integral de derechos.
Al respecto se ha dicho que “el artículo 9 de la CDN, fuente directa de la norma antes citada, cuando hace referencia a revisión judicial de la medida de separación del medio familiar remite, indefectiblemente, a una decisión adoptada por un órgano administrativo distinto del que revisa, dado que de lo contrario sería intangible la norma” . La autoridad judicial, en cada caso, debe limitarse a realizar el control de legalidad de las medidas adoptadas, lo que implica “verificar que se hayan agotado las medidas de protección integral de derechos, o que se haya acreditado la imposibilidad de agotarlas; que se haya garantizado el derecho de defensa material y técnica del niño y que se haya agotado la posibilidad de permanencia del niño con su familia ampliada” .
Sin embargo, de la misma Acordada surge también que la autoridad puede “requerir la adecuación (de las medidas excepcionales) cuando las circunstancias comprometan el interés superior del niño”. Tal afirmación implicaría reconocer, a la vez, que otra autoridad – como puede ser el organismo administrativo de aplicación de la ley nacional y local – es la responsable de dictar las medidas excepcionales correspondientes, pudiendo los jueces de menores requerir su adecuación en función del citado principio. Principio que se constituye en un parámetro al que se apela en más de una ocasión para ser utilizado como fundamento en la resolución de los casos mencionados, y de cuyas particularidades nos referiremos a continuación.

b.- El interés superior del niño
El principio del interés superior del niño resulta, en el marco de esta Acordada, una excusa tendiente a la permanencia de la competencia del fuero de menores en la provincia.
Como se manifestó con anterioridad, se hace alusión en la Acordada al término “interés superior del niño” en más de una oportunidad, pudiendo inferirse, en resumen, que el Tribunal Superior entiende que la intervención del Poder Judicial es la requerida para satisfacer dicho interés superior cuando la actuación de la autoridad administrativa de aplicación no haya podido cumplir con dicho fin.
Es así que la autoridad judicial, y para ser más exactos, los jueces de menores prevencionales, son presentados como funcionarios “más aptos” que los que integran los organismos administrativos de protección de derechos para satisfacer un interés superior que, además, es definido a partir de un parámetro – el del art. 20 de la Ley 9053, que pauta la actuación pre-jurisdiccional para el caso en que “la dilación en la intervención jurisdiccional no implicare un grave riesgo a la integridad psico-física de los niños y adolescentes”- que da lugar a la permanencia de prácticas discrecionales, y a la consecuente inseguridad jurídica que dichas prácticas acarrean, en manos de un Poder Judicial que no cede el espacio suficiente.
Cabe destacar que el Tribunal opta por basarse en el citado artículo, en lugar de apelar a lo establecido en el artículo 4, cuyo contenido se encuentra en sintonía con el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26061, que lo define como “la máxima satisfacción de derechos que sea posible”.
En este sentido, podemos deducir -por la utilización de términos vagos y ambiguos -, que el principio en cuestión no se concibe en el marco de la Acordada como un límite al paternalismo estatal. Asimismo, no puede orientar hacia soluciones no autoritarias cuando el conflicto entre derechos del niño exige utilizar una regla compleja para la construcción de una decisión que proteja efectivamente los derechos amenazados o vulnerados y torne exigible su cumplimiento. Por el contrario, es la variable de corte entre la intervención de un organismo u otro, sujeta siempre a la amplia discrecionalidad del juzgador.
La apelación al interés superior, en esta lógica, se constituye en la debilidad de un sistema que, en nombre de la protección integral de derechos, recurre a componentes netamente tutelares contribuyendo a la permanencia de la cultura de la situación irregular.

c.- Garantías del debido proceso: la ley 9053 no concuerda con lo dicho a nivel nacional y supranacional.
En relación a las garantías del debido proceso legal, el Tribunal Superior manifiesta que “Cuando corresponda la intervención judicial, dado que la Ley 9053 proporciona un procedimiento que posibilita el debido proceso de acuerdo a las garantías prevista por las disposiciones constitucionales locales, nacionales y supranacionales (…), se consideran subsistentes estas disposiciones”.
Sin embargo, podría decirse que la supuesta adecuación de la Ley 9053 a las disposiciones nacionales y supranacionales no es tal.
En primer lugar, el art. 12 de la ley local establece que “Corresponderá al Asesor de Menores intervenir ante los Tribunales de Menores para: a. Representar con carácter promiscuo a los niños y adolescentes en los casos determinados por la Ley; (…) c. Asesorar, patrocinar o representar al niño y al adolescente imputado cuando éste lo requiriere o cuando no propusiere defensor o cuando el designado no aceptare el cargo…”. Ahora bien, la representación promiscua que tanto el artículo citado como el Código Civil en su art. 59 asigna al Ministerio Público no puede confundirse con la figura del abogado del niño que el art. 27 inc. c de la Ley 26061 dispone como garantía del debido proceso legal, en cualquier tipo de proceso – no sólo en el penal. Al respecto, dicho artículo fue reglamentado por el Decreto N° 415/06, disponiendo que el derecho a la asistencia letrada incluye el de “designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño o adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar”. Es así que surge claramente de esta disposición que se trata de figuras con funciones diversas, que no pueden quedar en cabeza de la misma persona/organismo.
Por otra parte, en relación al derecho del niño/a a ser oído el art. 22 de la Ley 9053 determina que “Avocado el Juez, deberá conocer y oír en forma directa y personal al niño o adolescente y a sus representantes legales…”. No obstante, dicha garantía se encuentra acotada en comparación con la legislación nacional y supranacional, la cual dispone respectivamente que el niño/a tiene derecho: a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite…; b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte…(art. 27 Ley 26061), y en mismo sentido: 1) …de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniendo debidamente en cuenta (sus) opiniones…; 2) de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que (lo) afecte…” (art. 12 CDN).
En virtud de lo expuesto, podemos concluir que las garantías que la Acordada entiende como subsistentes no se condicen plenamente con las mínimas garantías del procedimiento que enuncia el art. 27 de la Ley 26061, en particular, en relación al abogado del niño como figura autónoma, y al derecho del niño a que su opinión sea tomada debidamente en cuenta al momento de adoptarse una decisión que lo afecte.

IV.- Conclusión

A modo conclusivo, podemos inferir que la presente Acordada del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba resulta regresiva en la mayor parte de su contenido para la implementación del Sistema de Protección Integral de Derechos en Córdoba.
En este sentido, si bien las provincias pueden dictar sus propias normas procedimentales, las mismas no pueden desconocer los derechos y garantías contenidos en la legislación nacional e internacional de derechos humanos vigente.
A su vez, la alusión que la propia Acordada hace a la normativa mencionada, tanto al justificar la “permanencia de la competencia del fuero de menores”, como la utilización del principio del “interés superior del niño” de manera discrecional, y al cumplimiento de las garantías procesales, paradójicamente, no se condice con los fines queridos por tal legislación, contradiciéndolos y por lo tanto vulnerándolos llanamente.

Prensa 20 de Noviembre 2009 ( Video )

Organizaciones que conformamos el Colectivo

Organizaciones que Conforman el Colectivo



Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal

CECOPAL
A. Colón 1141

Córboba Capital- Argentina

Telefax: (0351) 422 3528 / 425 4923

email: cecopal@cecopal.org




Servicio Habitacional y de Acción Social

SEHAS

Bv. Del Carmen 680 – Va. Siburu

Córdoba Capital- Argentina

Tel: 0351 – 4805031

Fax:0351 – 4897541

email: infanciayjuventud@sehas.org.ar

dirección@sehas.org.ar




Servicio en Promoción Humana

SERVIPROH

Calle Baigorri 544

Córdoba Capital - Argentina

tel/fax: 0351- 4730404

email:serviproh@arnet.com.ar




Servicio a la Acción Popular

SeAP

Paso de los Andes 238

Córdoba Capital - Argentina

tel: 0351-4215635

email: seap@seap.org.ar



Asociación Civil

LA MINGA

Calle Urquiza 450 Dto 8

Córdoba Capital- Argentina

tel:0351-4254165

email: laminga@arnet.com.ar

info institucional


CASA DEL LIBERADO


Asociación Civil

PROGRAMA DEL SOL

Calle Diagonal Ica 37

B° Gral. Bustos, Córdoba Capital-Argentina

Tel: 0351-4743938

Fax: 0351-4522870

email: cordoba@programadelsol.com.ar




CATEDRA DE CRIMINOLOGIA DE LA FACULTAD DE DERECHO

( Universidad Nacional de Córdoba )


RED BUHITO
av. Valparaíso s/ N ciudad Univ

153121714

03543-469331

red_buhito@yahoo.com.ar





Misión y Objetivos

Misión de Colectivo

Incidir en la Promoción, Ejercicio, Defensa y Exigibilidad de los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes a través de un Espacio Colectivo referente y legitimado construido de manera horizontal y democrática.-

Marco ideológico compartido: Ley nacional 26.061

OBJETIVOS

1- Visibilización pública.

2- Sensibilización y Difusión

3- Involucramiento , Promoción de la Participación protagónica de los niños, niñas y jóvenes. (encuentros, planificación, redes)

4- Articulación con otros actores, organizaciones o movimientos sociales.

5- Construcción de espacios colectivos con poder de incidencia pública y política .(nivel local y nacional)

6- Capacitación y formación técnica (educadores, jóvenes, promotores, dirigentes etc.)

7- Propuestas para incidencia en políticas publicas a nivel legislativo y ejecutivo.

8- Promover la consolidación de redes a nivel comunitario.

9- DENUNCIA frente a vulneración de derechos de niñas niños y jóvenes.

10-Control y monitoreo de políticas publicas.