viernes, 15 de enero de 2010

Pobres y morochos, fuera de circulación, Le Monde Diplomatique

Pobres y morochos, fuera de circulación

Hace años que la policía cordobesa detiene a cientos de jóvenes de los barrios marginales sin motivo alguno, pero la situación se ha acentuado tras la firma del convenio entre el gobernador José Manuel de la Sota, la Fundación Axel Blumberg y el Manhattan Institute de Nueva York. Los operativos policiales se justifican en la aplicación del Código de Faltas, pero obedecen a una política que encierra a los jóvenes pobres para evitar que circulen por el centro de la ciudad y los barrios residenciales. Jóvenes arrestados al salir del colegio. Temor a circular.

En la ciudad de Córdoba, la policía realiza todos los días detenciones masivas de jóvenes de extracción humilde. Una investigación llevada a cabo por un diario local reveló que numerosos comisarios exigen a sus subordinados que completen un cupo de arrestos, de forma arbitraria y no justificada, con el objetivo de demostrar eficacia en el accionar policial, ante la constante queja de la población por la falta de seguridad. Las detenciones se basan en la aplicación del Código de Faltas de la provincia, especialmente en la figura de merodeo (artículo 86). Aunque la situación es vox populi desde hace tiempo, el escándalo se desató cuando fueron los propios policías que realizan los operativos quienes confirmaron que las contravenciones han sido sistemáticamente fraguadas 1.

Pero tan grave como lo anterior es que las detenciones se realizan sobre la base de estereotipos raciales y sociales. Generalmente los detenidos se caracterizan por tener una fisonomía determinada -morochos de piel trigueña- y por vestir ropas típicas de quienes concurren a los bailes de cuarteto. "Es como la culpa por ser negro y ser pobre", dijo Patricio, un joven de 24 años que fue detenido por la policía provincial cuatro veces en un mes por el sólo hecho de caminar por la calle o juntarse en una esquina con sus amigos. "Siempre es por merodeo -anteriormente se aplicaba la figura de averiguación de antecedentes- y a veces con documento y todo, te llevan igual", aseguró el joven 2.

También fue detenida recientemente la médica María Elena Silva Ledesma, quien trabaja en un dispensario municipal. La profesional denunció que el comando policial, vestido de civil, actuó sin justificación y que terminó en la comisaría por su color de piel cobriza, por lo que hizo una presentación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), que hizo lugar a la denuncia. El hecho se produjo el 28 de julio pasado, pero recién trascendió el 5 de agosto, cuando lo difundió el diario La Voz del Interior.

Según informó el diario La Mañana, los jefes policiales ordenan expresamente a sus subordinados que realicen arrestos indiscriminados para engrosar las estadísticas internas y lucirse ante los superiores. En caso de que las patrullas no cumplan con la cantidad de detenciones exigidas, los policías son castigados con recargas laborales que pueden significar varias horas diarias más de las normales. "Los policías salen a la calle totalmente presionados, queriendo traer a cualquiera que se les cruce para poder irse a sus casas temprano. Ello implica que la mayoría de los procedimientos por contravenciones no son verdaderos. Es todo un invento que tenemos que hacer para llevar gente detenida, estén o no haciendo algo, para que los números les den a los jefes. Nosotros sabemos que les estamos jodiendo la vida, pero de eso depende que te puedas ir a tu casa luego de hacer las 17 horas de guardia. Vos sabés que el tipo no hizo nada, pero en ese momento sólo pensás en que no te recarguen", dijo uno de los efectivos consultados para la investigación periodística 3.

El escándalo obligó al ministro de Seguridad, Héctor David, a ordenar al jefe de policía que se pusiera a disposición de la Justicia. Sin embargo, David negó que el gobierno hubiera ordenado manipulación del Código de Faltas y desvió la responsabilidad a los policías que patrullan las calles y a algunos comisarios que se enorgullecían de su accionar.

Las organizaciones sociales que trabajan en los barrios más pobres de la ciudad aseguran, en cambio, que se trata de persecución policial y detenciones arbitrarias basadas en la discriminación y en la construcción de un estereotipo de jóvenes marginales.

Hasta el momento, el fiscal Anticorrupción Carlos Amayusco se encuentra investigando los hechos, con una causa caratulada como "abuso de autoridad". Mientras tanto, otro fiscal investiga también las amenazas recibidas por la periodista María Fernanda Villosio, quien realizó la investigación en la que se denuncian los hechos.

Numerosas organizaciones sociales señalan que las detenciones arbitrarias se enmarcan en una política que aplica el gobierno de José Manuel de la Sota para imponer el control social en Córdoba. En ese sentido, los organismos de derechos humanos denunciaron que el Código de Faltas es inconstitucional, porque otorga a las fuerzas de seguridad un poder discrecional y convierte a los policías en jueces de primera instancia. Dicho Código, creado en 1982, plantea una justicia contravencional que reproduce la lógica de la justicia penal, con la diferencia de que es implementada por personal policial sin ninguna formación jurídica. Así, su única respuesta es la sanción punitiva, centrada en el arresto. La multa está prevista en la norma, pero no se ha aplicado hasta el momento porque los detenidos son pobres y carecen de capacidad de pago.

"Esta política de seguridad se fundamenta en una concepción ideológica que responde al incremento de la acción de un Estado punitivo, de control social, frente al abandono de su rol como proveedor de políticas sociales", afirmó en un documento reciente la ONG Red Sudeste 4.

La impunidad de la policía se apoya en el desconocimiento que tienen las víctimas de sus propios derechos y garantías constitucionales y en el entramado normativo del Código de Faltas, que otorga a la policía atribuciones de juez y parte en el procedimiento. "Al ser las detenciones originadas en faltas contravencionales no hay ningún funcionario del Poder Judicial que intervenga y garantice la correcta aplicación de las normas. De hecho, al ser notificados por escrito de su situación, muy pocos de los detenidos optan por apelar la medida ante el juez de faltas, ya que los policías los presionan para que no lo hagan", dijo Mariano Carrizo, un psicólogo que trabaja en la ONG Seap (Servicio de Acción Popular) -de larga trayectoria en el trabajo de ayudar a la reinserción social de los jóvenes de barrios pobres- en una entrevista concedida a el Dipló. "Córdoba vive una política de seguridad elitista. Parece que los pobres no tienen derecho a estar seguros porque la persecución policial es cosa de todos los días", dijo Carrizo.

Por su parte, la coordinadora legal de la asociación civil Patronato del Liberado e integrante de la cátedra de criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Marité Segovia, explicó a el Dipló que desde el gobierno no quieren que los jóvenes de clase social más pobre salgan de sus barrios y circulen en el centro ni que caminen por las calles de otros sectores de la ciudad. "Forma parte de la trama de control social que el gobernador intenta aplicar en Córdoba para convertir a la ciudad en guetos estancos, donde los pobres, los marginados, no se crucen con el resto de la sociedad", dijo Segovia. El Patronato del Liberado integra el Foro de Denuncia, junto a numerosas organizaciones sociales que trabajan para asistir a los jóvenes que son arrestados.

Los especialistas concluyen que en la medida en que los jóvenes son detenidos, empiezan a tener miedo de salir de sus casas. Inclusive se han denunciado casos de grupos de adolescentes que fueron arrestados mientras caminaban por las calles de sus barrios o al salir del colegio. Una madre aseguró que debe acompañar a sus hijos cuando salen de su casa "para que la policía no se los lleve".

Las detenciones llegan al paroxismo durante los fines de semana, cuando los jóvenes van a bailar. Si los arrestos se llevan a cabo los viernes los detenidos recién recuperan la libertad el lunes siguiente, ya que durante el sábado y el domingo no pueden realizarse las notificaciones correspondientes.

"Es un mensaje dirigido a las clases medias y altas que es muy grave, porque institucionaliza el prejuicio y la discriminación", aseguró Enzo Stivala, ex presidente del Colegio de Abogados de Córdoba 5.

La impronta Blumberg

En octubre de 2003 el ministro de Seguridad de Córdoba, Carlos Alesandri 6, firmó un convenio con la fundación que preside Juan Carlos Blumberg y el Manhattan Institute 7, con el objetivo de "promover acciones conjuntas, planes, programas, cursos de acción (...) y ocuparse de todas las cuestiones conexas relativas a la seguridad en la provincia de Córdoba".

Tras la firma del convenio el director ejecutivo del Manhattan Institute, Carlos Medina, equiparó a limpiavidrios y prostitutas con terroristas urbanos y promovió su retiro del centro de la ciudad 8. Acto seguido, la Legislatura de la provincia, con el apoyo de la Unión Cívica Radical y el Partido Nuevo, que encabeza el intendente Luis Juez, aprobó una nueva Ley de Seguridad inspirada en el asesoramiento que brindó Blumberg.

Pero el acuerdo entre el gobierno de José Manuel de la Sota y Blumberg fue acusado de oportunismo, dado que se produjo durante el auge de popularidad de este último, en el contexto de la emoción provocada por el asesinato de su hijo. "Aquí hay un entramado entre políticos inescrupulosos cultores de la mano dura, que consideran a la política como una forma de espectáculo, y medios de comunicación que lo transmiten y legitiman. Pero esta propulsión de la mano dura va unida a la más brutal de las ineficacias; en general con el planteo de la mano dura la inseguridad para la gente se duplica: hay más robos, más violencia, más delitos", afirmó a el Dipló el abogado Emilio García Méndez, profesor titular de la cátedra de Criminología de la Universidad de Buenos Aires, doctor en derecho de la universidad alemana de Saarland y presidente de la Fundación Sur por los derechos de la infancia.

En efecto, la mano dura del gobernador cordobés mostró su verdadera cara durante el motín de la penitenciaría del barrio San Martín, en febrero pasado, al ordenar que los policías que reprimían el alzamiento "tiraran a matar" 9. Los presos habían tomado el penal para quejarse por la sobrepoblación carcelaria, la falta de condiciones mínimas de habitabilidad del edificio y la mala calidad de la comida que recibían.

En la actualidad los contraventores de la ciudad de Córdoba se amontonan en la Alcaidía del barrio Güemes, ex cárcel de encausados. Este establecimiento supo alojar a los detenidos en proceso penal, hasta que tuvo que ser desalojado por su estado de deterioro. Cuando todos pensaban que la cárcel se demolería y se utilizaría el lugar como espacio verde, se trasladó allí una cárcel de mujeres y, ahora, es el espacio donde son alojados todos los contraventores. "La información que tenemos (el gobierno no brinda datos oficiales al respecto) es que las condiciones de detención son inhumanas: 7 menores en una celda, que duermen directamente en el piso y pueden ir sólo una vez por día al baño. La comida es mala e insuficiente y por lo general no se les permite hacer la llamada telefónica", denunció un documento elaborado en julio pasado por la Comisión Intersectorial de Observación y Seguimiento de la Situación Carcelaria de Córdoba 10.

El clima policial enrarecido, la utilización de las fuerzas de seguridad como chivo expiatorio, las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios llevaron a que un policía se encadenara a un farol en la plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad, generando un acuartelamiento que tuvo a Córdoba sin patrullajes durante varios días 11. Tras resolverse el conflicto, el gobernador De la Sota dio a la sociedad otra muestra de su concepción sobre la política de seguridad que implementa, al explicar que su error fue "querer democratizar la fuerza policial", por introducir a civiles en el tribunal de conducta policial. "Esto desajustó el orden interno", dijo el gobernador. Por eso ordenó ajustar la verticalidad de la fuerza y retirar del tribunal de conducta policial a los civiles que podían investigar en forma independiente lo que está sucediendo. Ahora los policías que no se ajusten a las leyes serán sancionados por sus superiores, los mismos que les exigen realizar detenciones arbitrarias a como dé lugar.

  1. María Fernanda Villosio y Bettina Marengo, "Detenciones arbitrarias para demostrar eficacia", La Mañana, Córdoba, 18-8-05 (www.lmcba.com.ar).
  2. La Mañana, 19-8-05.
  3. Op. cit.
  4. Documento presentado el 5-8-05 a la Comisión de Legislación General del Poder Legislativo de Córdoba y al Ministerio de Justicia y Seguridad.
  5. Al momento de ser entrevistado para este reportaje el abogado Stivala era aún el titular de la entidad. Su mandato venció en la primera quincena de septiembre.
  6. El funcionario trascendió en los diarios nacionales por descartar las acusaciones del periodista Daniel Tognetti sobre la protección policial que tenía un prostíbulo en el sur provincial. Tognetti fue agredido y perseguido con armas de fuego, junto a su equipo de periodistas del programa televisivo Punto.Doc, por los propietarios del establecimiento.
  7. Juan Carlos Blumberg es el padre de Axel, un joven secuestrado y asesinado por delincuentes en la provincia de Buenos Aires en marzo de 2004. El Manhattan Institute for Policy Research es un influyente think tank conservador, con base en Nueva York, cuyas ideas moldearon, por ejemplo, el mandato de Rudolph Giuliani como alcalde neoyorquino en la década de 1990.
  8. Camilo Ratti, "Contra la tolerancia 0", Página/12, Buenos Aires, 22-11-04 (www.pagina12.com.ar).
  9. La Voz del Interior, Córdoba, 22-8-05. La represión causó la muerte de un guardia penitenciario como consecuencia de los disparos policiales.
  10. Documento elaborado el 10-7-05 al cumplirse cinco meses del motín en la penitenciaria de la cárcel de San Martín.
  11. La Voz del Interior, 28-8-05.

martes, 5 de enero de 2010

Seguridad Democrática

30 diciembre 2009

MULTISECTORIAL : Diez puntos de acuerdo

(publicado por colectivo ciudadanía- www.ciudadania.org.ar)

SEGURIDAD DEMOCRATICA:

como COLECTIVO sumamos a esta iniciativa.

El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.

Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

1 El Estado frente al problema del delito

En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.

En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.

2 El engaño de la mano dura

Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.

La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.

Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.

Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

3 Responsabilidad del Estado

El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.

Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

4 Una concepción integral de la seguridad

La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.

Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.

5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad

Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.

Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia

Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.

La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.

Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.

Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.

7 Gestión policial no violenta en el ámbito público

La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

8 El papel de la Justicia

El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.

9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho

En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.

Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.

10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia

Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

Firmas que aportan al consenso

El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.