sábado, 29 de mayo de 2010

Jornadas 4 de Junio de 2010

A 5 AÑOS DE LA LEY NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES

Convocan:

· Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas Niños y Jóvenes

· Fundación Sur Argentina

· Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina

4 de junio - Salón de la Bolsa de Comercio - Calle Rosario de Santa Fe 231 - Ciudad de Córdoba

PROGRAMA DE LA JORNADA

Panel I – de 9 a 11 hs.: Situación en Córdoba sobre la adecuación a la ley nacional de protección integral de los Derechos de Niños y Adolescentes- Experiencias de otras provincias

Exponen:

- Laura Musa (Abogada - Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires)

- Lic. Raquel Krawchik (Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba)

- Marcela Dangelo (Subsecretaria de Niñez de provincia de Santa Fe)

Coordina: Integrante de Colectivo cordobés por los derechos de niñas niños y jóvenes

Receso: de 11 a 11,30 hs.-

Panel 2 – de 11,30 a 13,30 hs: Implementación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes. Diseño institucional y programático a nivel provincial y municipal Proceso de construcción de nuevos roles y relaciones entre los distintos actores.

Exponen:

- Dr. Juan Viola (Abogado - Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Córdoba, a cargo de Presidencia de Consejo Municipal de Niñez)

- Colectivo Cordobés por los derechos de niños y jóvenes. :

- Silvia Stuchlik (APLICA)

Coordina: Integrante de Consejo Comunitario de C.P.C. de Arguello

Receso: de 13 y 30 a 14 y 30 hs.-

Panel 3 – de 14,30 a 16 hs.: Rol de la sociedad civil en la incidencia y monitoreo de las políticas públicas de infancia. Los informes presentados por las organizaciones sociales ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU

Exponen:

- Representante de Colectivo Nacional de Derechos de Infancia.-

- Representante de Comité Argentino de Seguimiento de la Convención Internacional de los derechos del niño de Argentina (CASACIDN)

- Ernesto Blanck (Representante de la Fundación Sur Argentina)

Coordina: Colectivo Cordobés por los derechos de niños niñas y jóvenes

Panel 4 – de 16 a 17,30 hs.: El impacto de la 26.061 en las leyes conexas. Normas vinculadas a jóvenes en conflicto con la ley penal y a violencia familiar. El Defensor de los derechos del Niño.

Exponen:

- Emilio García Méndez – Presidente de la Fundación Sur Argentina

- Otros a confirmar

DEBATE DE CIERRE – 17.30hs.: INICIATIVAS POLÍTICAS Y LEGISLATIVAS: Hacia dónde vamos en Córdoba? Ley 9053 y la necesidad de su reforma.

Propuestas y Debate con legisladores provinciales sobre lineamientos para la adecuación de la ley nacional 26.061 en la Provincia de Córdoba.

Informe e Inscripciones: jornadacolectivocordobes@gmail.com ó fundacion@surargentina.org.ar

Se otorgarán certificados de Asistencia y material vinculado a la temática de la Jornada

http://colectivocordobes.blogspot.com/ y www.surargentina.org.ar

Políticas pobres a precios de oro / Pagina 12


Sociedad | Sábado, 29 de mayo de 2010

Opinión

Políticas pobres a precios de oro

Por Emilio García Méndez *

El término Organismo No Gubernamental (ONG) posee, por su historia, una connotación positiva que no siempre se corresponde con la realidad. Nacidos masivamente en el período más oscuro de la historia de América latina, cuando todos los puentes entre el Estado y la sociedad civil se encontraban dinamitados, los ONG fueron desde sus diversas especificidades (muy especialmente en el campo de la infancia) una forma legítima y eficaz de mostrar la cara más obscena de las dictaduras militares. Bajo estas condiciones, un maniqueísmo primitivo y simplificador fue su marca de origen. En la sociedad se encontraba todo el bien y en el Estado todo el mal. La vuelta de la democracia acabó con las certezas maniqueístas y permitió demostrar lo obvio: que el bien y el mal se encontraban –y se encuentran– “democráticamente” distribuidos entre el gobierno y la sociedad, y que en esta historia no hay culpables, ni inocentes automáticos por su pertenencia institucional.

Más tarde, el Consenso de Washington y las políticas neoliberales impactaron profundamente sobre el mundo de las políticas sociales, y por ende de los ONG. El término pasó a englobar una realidad múltiple y contradictoria. De un lado, organismos de la sociedad civil trabajando desde la perspectiva y la práctica de los derechos humanos, intentando que las políticas gubernamentales se transformaran en públicas; del otro, simples prestadores de servicios que jurídicamente continuaron funcionando bajo el paraguas de los ONG. Por lo demás, conviene recordar que, en muchos casos, fue éste el vehículo privilegiado para canalizar las versiones más “simpáticas” de los ajustes estructurales. Políticas pobres para los pobres, para entender un poco este permanente festival del eufemismo que tiende a recubrir el mundo de las políticas para la infancia. Una parte no despreciable de estos “ONG” son precisamente los prestadores de los servicios destinados a la “institucionalización” de los hijos de los pobres en lugares que en muchos casos sólo un humor negro refinado persiste en denominar “hogares”. Un negocio considerable no inventado por el gobierno de Macri, pero sí continuado y cultivado con un ahínco digno de mejor causa. Varios millones se mueven en torno de esta miseria de las políticas sociales, producto frecuente de “internaciones” por protección que algunos sectores del progresismo mal pensante parecen amparar con su negativa irracional y sistemática a remover el decreto de la dictadura militar que permite su vigencia y florecimiento. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, 1300 menores se encuentran en estas condiciones con un costo mensual por niño nunca inferior a los 1071 pesos en los paradores, trepando a 2025 en las comunidades terapéuticas, llegando hasta los 4717,50 para casos de discapacidad y 5988 en las internaciones por motivos de salud mental. Estos costos, más allá de su inmoralidad, esconden en muchos casos la miserable “solución” de mantener a niños en estas instituciones por la imposibilidad de los padres de tener viviendas adecuadas, producto de la ausencia efectiva de cualquier política racional y sistemática de apoyo socio-familiar.

Es precisamente a instancias de muchos de estos “ONG” que el 23 de marzo de este año ingresó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para prorrogar como mínimo por un año lo dispuesto oportunamente por la ley 2281 de 2008. Dicha ley, sancionada el 16 de octubre de 2008 y publicada en el Boletín Oficial de la CABA el 2 de diciembre (el mismo día que la Corte Suprema convalidaba la constitucionalidad del decreto de la dictadura que permitía la privación de libertad como forma de “protección” de los menores de edad), disponía simplemente que, en un plazo de 18 meses, los lugares convenidos para el alojamiento de menores debían cumplir con las exigencias mínimas que en materia de recursos humanos y materiales deben observar (en realidad desde el momento en que reciben el primer subsidio) estas “filantrópicas” instituciones.

Si en 15 meses la mayoría de estas “empresas” no ha movido un dedo para adecuarse a una ley desde ya laxa y contemplativa, no se entiende muy bien qué sentido tiene una nueva prórroga, por otra parte, impulsada por la bancada que responde al Ejecutivo de la Ciudad, es decir, por el que tiene, supuestamente, la obligación del control y habilitación de estas empresas. Es claro que un proyecto de esta naturaleza no puede sorprender si analizamos la triste performance de la Ciudad en materia de políticas sociales. Sin embargo, sólo con los votos que responden al Ejecutivo no es posible aprobar esta nueva ley. Aun a riesgo de un momentáneo gasto excesivo de energía, mantengamos los reflectores encendidos para ver de dónde salen los votos que faltan.

* Presidente de la Fundación Sur Argentina.

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viernes, 14 de mayo de 2010

LA VOZ

CIUDADANOS

"Hay un excesivo poder sobre los niños"

Así se refirió a la Justicia de Menores de la Provincia de Córdoba una autoridad del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

· 00:01 | Romina Martoglio

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Para Nora Schulman, directora ejecutiva de Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn), la provincia de Córdoba "está atrasada" en materia de protección de menores y el sistema de institucionalización debe ser reemplazado.

La semana pasada, Schulman visitó la ciudad invitada por las fundaciones Arcor y Minetti y la Municipalidad de Córdoba para brindar una capacitación sobre el armado de los sistemas locales de protección de niños y adolescentes.

Estos sistemas fueron creados en 2005 y pertenecen a un programa que la ciudad de Córdoba está implementando en el marco del Consejo Municipal de Niñez. Se trata de un espacio intersectorial del que participan ONG, universidades y otras instituciones. El objetivo es trabajar con equipos técnicos en torno a la conformación de consejos comunitarios de niñez, con sede en los CPC.

"Se debe apostar a sistemas de protección locales, donde los chicos y sus familias tengan un acceso rápido a la ayuda que necesitan dentro de ámbitos pequeños. Lo importante es brindar espacios para que participen los chicos y sus familias", explicó Schulman.

-¿Cómo está la provincia de Córdoba en la protección de la infancia en relación al resto del país?

-Un poco atrasada. Tiene una legislación que, si bien no es antigua, no responde tal como debería a los parámetros de la ley nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Uno de los problemas más serios de esta provincia es el excesivo poder de la Justicia de menores en relación a la vida de los chicos. Falta un empuje grande para ponerse a tono con los niveles nacionales y de algunas provincias que se adelantaron, como Santiago del Estero que, a pesar de tener muchos problemas sociales, tiene una legislación muy avanzada.

-¿Cómo se debe trabajar con los chicos que hoy están institucionalizados?

-Esta mal institucionalizarlos. En la provincia de Buenos Aires, el 80 por ciento de la población de cárceles de adultos pasó por institutos de menores, lo que pone en evidencia que el sistema es equívoco. Hay que trabajar con estas familias. Existe una idea de que muchas familias no pueden criar a sus hijos, de que con tantos problemas económicos y sociales no tienen capacidad. Esto no es cierto. La gran parte puede y quiere, pero necesita de un Estado que ayude a mantener a los chicos dentro del grupo familiar, que los chicos coman en su casa, que no haya tantos comedores. Todo ese dinero está afectado a cuestiones políticas, donde hay punteros y una cantidad de organizaciones que viven alrededor de este mundillo.

En este sentido, la asignación familiar por hijo fue un avance importantísimo, porque permitió eliminar algunos programas sociales.

-En este sentido, ¿qué se debería hacer con los chicos en cuyas familias ocurren abusos sexuales y situaciones de violencia?

-Se debe lograr algún sistema que se parezca lo más posible a una familia, como las familias sustitutas, que contengan a esos chicos en forma momentánea hasta que se pueda buscar a tíos o abuelos que se hagan cargo de ellos. Así reduciríamos muchísimo la institucionalización y los chicos vivirían en un ámbito familiar.

-¿Qué lugar ocupa Argentina en relación al resto de Latinoamérica?

-A pesar de ser países pobres y con menos posibilidades, hay algunos que avanzaron mucho en protección de la niñez, como el caso de Nicaragua y Guatemala. Nosotros, hasta que salió la ley nacional, estábamos atrasados diez años. Ahora avanzamos en legislación, porque tenemos la ley de protección integral de derechos, la ley de educación, la ley de salud sexual y reproductiva y la ley contra trata de personas. El problema es que la política pública no avanza al mismo nivel que la cuestión legislativa.

-¿Qué opina de la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad de menores en relación a una posible ley de Responsabilidad Penal Juvenil?

-La discusión no debería estar centrada en la edad, sino en las garantías que le puede brindar el sistema a un chico. Hoy, bajar la edad representa un riesgo muy grande, porque no hay un sistema de políticas públicas que responda a las necesidades de estos chicos.

Schulman aseguró que el trabajo de protección de los chicos deben empezar por "escucharlos, preguntarles qué quieren, qué piensan". "Nosotros no hablamos de necesidades, sino de derechos. No se trata de lo que necesitan, sino de lo que tienen derecho a acceder", finalizó.